Green washing y sostenibilidad: lo que está en juego con la nueva norma del regulador financiero

Ignacio Larraechea L., Director Ejecutivo de Eticolabora.

Ya no se trata sólo de medioambientalistas, comunidades en conflicto o sindicatos. Estos últimos años hemos visto un creciente interés de los inversionistas, a nivel global, de privilegiar proyectos sostenibles, lo que ha acelerado el proceso de cambio en las estrategias y en las prácticas de los negocios. O, por lo menos, está cambiando drásticamente lo que las empresas dicen de si mismas.

Hoy las marcas declaran un propósito, normalmente relacionado con los grandes desafíos de nuestra civilización, sea en materia ambiental, social o ético/cultural. Y también se ha avanzado con fuerza en comunicar los impactos de la empresa en estas materias. Decididamente, los criterios ASG, han copado una intensa agenda de cambios. ¡Y en buena hora!

La velocidad de los cambios es crucial, no cabe duda. Pero lo que definirá si, efectivamente, avanzamos hacia un nuevo modelo de negocios cimentado en la creación de valor social es si, de manera consistente, lo que las empresas declaran coincide con sus reales objetivos y, sobre todo, con sus conductas.

El llamado green washing (o sustainable washing, pues incorpora lo “verde” pero también lo social y los temas de gobernanza) es, por lo mismo, el mayor talón de Aquiles de este proceso de cambio. Los inversionistas y los actores sociales podrían incluso soportar que los cambios sean lentos. Pero lo que no van a perdonar es la doble moral: compañías que anuncian a los cuatro vientos su apego a los criterios ASG que, de pronto, son “descubiertas” en prácticas que los contradicen abiertamente.

Justificar las malas prácticas señalando que son errores de determinadas personas que se “desalinearon” respecto a las políticas corporativas ya no es aceptable. Es obligación de los gobiernos corporativos velar porque sus declaraciones públicas estén respaldadas por normas internas, procedimientos, controles y sistemas de formación y comunicación.

La dictación de la Norma de Carácter General N° 461 de  la CMF, que incorpora exigencias de información sobre sostenibilidad y gobierno corporativo en las Memorias Anuales es, ciertamente, un hito fundamental en este camino. El regulador emerge como el garante de la fe pública, al obligar a las compañías que emiten valores a transparentar sus impactos ASG. Pero aun más importante que la dictación de la norma, lo es la manera en que las empresas van a responder a esta nueva exigencia. Si la norma sólo se tomará como una mayor burocracia, elaborando y entregando nuevos informes para solamente cumplir con el regulador, pero sin una verdadera transformación en la manera de gestionar los negocios, nos espera un mal resultado.

La Presidenta de la CMF, Solange Bernstein, nos invita a creer en la capacidad controladora del regulador, que realizará “un análisis holístico y completo de la realidad de los emisores y de la calidad de su información”. Pero todos sabemos que se necesita mucho más que eso.

Las empresas ya han debido legitimarse en su competitividad. También en su legalidad. Llegó el momento de la legitimidad moral. Es crucial que las empresas simplemente declaren lo que son: que informen de sus avances, pero también de lo que aun no son capaces de lograr, de sus debilidades y metas por lograr. Pero, sobre todo, que demuestren que son dignas de funcionar bajo criterios de auto regulación, basados en un genuino compromiso de aportar a una mejor sociedad.