Política contra el crimen organizado: hay que poner más sillas
Por Tamara Agnic[1].
Creo no equivocarme al afirmar que una política nacional contra el crimen organizado sólo puede ser “nacional” si ésta abarca todas las aristas y a todos los actores que tienen algún rol que cumplir en una efectiva identificación, detección, control, combate, persecución y sanción de toda actividad delictual y organización involucrada en esta nefasta ocupación. Si hay alguien que se queda afuera o algún aspecto relevante olvidado, es complejo hablar de una política o plan de alcance nacional.
Pongo esto sobre la mesa a raíz de la detención de al menos 10 supuestos integrantes del denominado Tren de Aragua, peligrosa banda criminal originaria de Venezuela y que está operando en Chile desde hace un tiempo y que, según las primeras indagaciones de la policía, miembros de esta banda estarían involucrados en el asesinato del carabinero Daniel Palma en abril pasado. La política que lanzó el gobierno en diciembre pasado define al crimen organizado como a un “conjunto de actividades que llevan a cabo estructuras organizacionales que actúan con el propósito de cometer delitos y lucrar”, pudiendo dichas organizaciones criminales ser locales o transnacionales.
Coordina a 17 instituciones públicas y entre sus 10 ejes, se destaca precisamente el objetivo de desbaratar la economía del crimen organizado de la mano de una mejor respuesta estatal en prevención, detección, persecución penal e incautación de los bienes obtenidos por el delito.
Pero acá hay un punto clave, en la mesa hay evidentes debilidades en el eslabón preventivo de la cadena. Todo, absolutamente todo ese dinero y todos esos bienes pasan en algún momento por el sistema privado: bancos, casas de cambio, compraventas de autos, inmobiliarias, courriers de dinero, casas de apuesta y muchos otros actores económicos por donde pasan día a día sumas de dinero que podrían pertenecer a organizaciones criminales. Esa información es invaluable y no necesariamente está sistematizada y completamente accesible para estas otras 17 instituciones estatales que integran la mesa. Si el privado la detecta a tiempo y la denuncia al sistema persecutor, ahorraríamos mucho tiempo, dinero e incluso salvaríamos vidas en esta enorme tarea.
El proyecto de ley que ingresó el 31 de mayo pasado (N°Boletín: 15975-25) y que da más atribuciones a la UAF en materia de levantamiento del secreto bancario pudo ser la oportunidad de sumar de manera cooperativa y con una lógica anticipatoria a los privados a esta tarea, pero nuevamente nos quedamos con un enfoque en donde se impele a la banca a tomar ciertas acciones en vez de tenerla en etapas previas en donde pudieran aportar con ideas y mecanismos prácticos orientados a impedir el ingreso del crimen organizado al sistema financiero, partiendo por el dinero, en vez de tener que iniciar la desarticulación recogiendo casquillos de balas. Parte del éxito de estas bandas pasa por el manejo de dinero en efectivo, por la movilidad de activos, por transar bienes que pueden transformarse rápidamente en “cash” y en la opción que esto les da los delincuentes de hacer irrastreable la huella de ese dinero.
Si no se incorpora de manera sistemática, orgánica y formal al sector privado a colaborar con su experiencia y óptica privilegiada de la circulación de activos y dinero, difícilmente vamos a contar con los mecanismos eficaces de prevención, identificación, detección temprana y denuncia de operaciones sospechosas más allá de lo que hace la UAF. Restar de la elaboración de la solución del problema al primer eslabón de la cadena significa que estaremos sólo rascando la superficie de este fenómeno y no acometiendo lo que justamente la política busca: atacar el poder del dinero de las bandas organizadas. Si vamos a hablar de política nacional, entonces hay que poner más sillas alrededor de la mesa.
[1] Presidenta de ETICOLABORA
