Lavado de activos y tráfico de migrantes
La reciente aparición en Chile de organizaciones como el Tren de Aragua sumada a la de otros carteles más conocidos que ya venían operando hace unos años en nuestro país, ha dejado en evidencia que el crimen organizado no se detiene en su afán por dominar territorios y asentar su poderío económico.
El pasado 30 de julio se celebró el Día Internacional contra la Trata de Personas, en un creciente debate acerca de qué estamos haciendo bien y qué podemos mejorar para detener la acción de estas bandas. En ese sentido, hay que volver al punto de partida: el dinero. Es fundamental atacar la fuente de recursos y los mecanismos con que estas bandas tratan de dar apariencia de legalidad a esos dineros obtenidos ilegalmente.
La migración forzada a causa de problemas sociales y económicos han hecho del tráfico de personas una de las actividades delictivas más importantes y “lucrativas” del último tiempo con grandes sumas de dinero en juego. Este año, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó un reporte sobre el “Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo derivados del Tráfico de Migrantes” con una larga lista de recomendaciones para impedir o al menos dificultar la labor de estos criminales que bien vale la pena revisar.
La advertencia central apunta a implementar profundas medidas coordinadas en inteligencia financiera, control tributario e investigativo-judicial para mejorar los controles en aquellas áreas en las que se mueve el dinero de las mafias. Asimismo, deja de manifiesto la necesidad de que sea el sector privado quien asuma un rol mucho más protagónico en esta tarea, pues es el que permite dar apariencia de legalidad, ocultar o disimular los dineros obtenidos del tráfico de migrantes.
Es necesario entonces que todo nuestro sistema de control y persecución sea capaz de actualizarse e ir delante de los lavadores y no detrás, implementar medidas audaces e innovadoras que, aunque parezcan dolorosas o excesivas, cumplan con el objetivo que es cortar el acceso al financiamiento a las mafias involucradas en delitos de tanta gravedad como el tráfico de personas.
No debemos olvidar que las empresas pueden estar implicadas en las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en el delito de trata de personas a través de los inadecuados incentivos que ocasionan sus propias actividades o como resultado de sus relaciones comerciales con terceras partes. La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que las empresas, por un lado, eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a generar impactos indeseados en los derechos fundamentales de las personas en toda su cadena de valor. La trata de personas es uno de los atentados contra la integridad humana más graves que conocemos y que trae serias consecuencias a la seguridad pública que se ven a diario en nuestras calles, por lo que es imperioso actuar cuanto antes e implementar las modernizaciones e innovaciones necesarias que permitan una respuesta audaz, decidida y eficiente que se condiga con el nivel de riesgo al que nos enfrentamos.
